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La NCLA de EE. UU. vuelve a demandar al estado de Washington para exigir la suspensión de la vigilancia electrónica 24 horas de los barcos de cangrejo Dungeness

La New Civil Liberties Alliance (NCLA) de EE. UU., en representación de los pescadores de cangrejo Dungeness, presentó el 2 de noviembre un escrito ante el Tribunal Superior del estado de Washington solicitando que el tribunal falle de inmediato a favor de los demandantes y ponga fin a la vigilancia electrónica 24 horas de los barcos pesqueros. La vista del caso está programada para el 15 de diciembre.

La New Civil Liberties Alliance (NCLA) de EE. UU., en representación de los pescadores de cangrejo Dungeness, ha solicitado al Tribunal Superior del estado de Washington que falle de inmediato a favor de los demandantes y ponga fin a su programa de vigilancia electrónica 24 horas. La NCLA presentó esta solicitud en un escrito del 2 de noviembre; la vista del caso está programada para el 15 de diciembre.

John Vecchione, abogado litigante sénior de la NCLA, declaró en un comunicado: "Ni la constitución estatal ni la federal contemplan una excepción de 'pesca' para un régimen ilegal de vigilancia 24 horas; esperamos que este régimen termine cuanto antes".

El estado de Washington, situado en el noroeste del Pacífico de EE. UU., venía utilizando bitácoras en papel para registrar la posición de los barcos de cangrejo Dungeness. En 2024, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre del estado de Washington puso en marcha un programa de vigilancia electrónica que exige a los pescadores comerciales de cangrejo Dungeness comprar a su propia costa dispositivos de vigilancia aprobados por el estado, y establece que los dispositivos deben estar siempre conectados a la corriente y transmitir de forma continua la información de posición de cada embarcación.

La NCLA, en representación de tres capitanes locales —Sara Franey, Brent Young y Mark Young—, presentó una demanda en 2024 alegando que el programa vulnera los derechos de los pescadores de cangrejo. El grupo legal señala que los capitanes suelen utilizar sus embarcaciones por motivos personales, y que los dispositivos en la práctica rastrean a los pescadores de cangrejo sin orden judicial, incluso cuando no se dedican a la actividad pesquera.

En el escrito más reciente, la NCLA solicita al Tribunal Superior del estado de Washington un fallo declarativo con base en la Ley de Procedimiento Administrativo estatal. Dicha ley faculta a los tribunales para anular normas que violen disposiciones constitucionales, excedan las competencias de la administración o sean "arbitrarias y caprichosas". La NCLA sostiene que la norma de vigilancia electrónica incurre en los tres supuestos.

En el escrito del 2 de noviembre, la NCLA afirma: "Primero, rastrear todas las embarcaciones reguladas mientras navegan, y no solo cuando están capturando cangrejos mediante el izado y descenso de trampas, es arbitrario y caprichoso por diversas razones, entre ellas que no respalda suficientemente ninguno de los propósitos legítimos revelados en el expediente administrativo. Segundo, excede las competencias que la legislatura otorgó al Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado de Washington, ya que la legislatura solo permite a ese organismo exigir equipos para la caza de vida silvestre. Tercero, conforme a la Constitución de EE. UU. y a la Constitución del estado de Washington, constituye un registro irrazonable de las embarcaciones reguladas".

Esta presentación se produce después de que la NCLA presentara en agosto una solicitud similar de sentencia sumaria, alegando que la norma de vigilancia electrónica viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU.

La NCLA también ha impugnado otras prácticas de vigilancia electrónica 24 horas de embarcaciones pesqueras comerciales. En 2023, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. falló a favor de la NCLA y suspendió un requisito de vigilancia GPS 24 horas, en un caso en el que la NCLA representó a 1.300 armadores de embarcaciones de alquiler en una acción colectiva. La NCLA también participó en los esfuerzos para bloquear la norma de la costa este que exige a los pescadores comerciales pagar de su propio bolsillo los costos de los observadores a bordo.

En otro caso, el Tribunal Supremo de EE. UU. rechazó en octubre examinar una impugnación de una norma del estado de Maine que exige vigilancia GPS 24 horas a los barcos langosteros.

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