La flota de altura española presiona a la UE: exige revisar la política pesquera común y crear un fondo específico de 72.900 millones de euros

Los armadores españoles, reunidos del 5 al 7 de noviembre en la trigésima edición del seminario de divulgación técnica del sector pesquero celebrado en Vivero (Galicia), plantearon la exigencia de que la UE revise la política pesquera común (PPC) para permitir la modernización de los buques y el mantenimiento de la actividad empresarial. La cita, convocada por la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro a través de la OPP-77, reunió a cerca de 450 inscritos entre modalidad presencial y en línea, y los debates se centraron en la brecha entre las exigencias de la UE y las condiciones económicas de la flota.

El diagnóstico económico de la cita lo presentó Edelmiro Ulloa, director gerente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI). Según sus datos, la flota española de altura y gran altura cuenta actualmente con 322 buques activos, una facturación anual cercana a los 1.500 millones de euros, un valor añadido bruto superior a los 530 millones de euros y un empleo directo estimado en más de 6.500 unidades de trabajo anual (calculadas en equivalente a tiempo completo). El informe de ARVI contabiliza además una reducción de 228 buques de altura en el segmento analizado. Ulloa advirtió de que, una vez que desaparece la capacidad, recuperarla resulta extremadamente difícil. Los armadores consideran que este retroceso merma su capacidad de producción de alimentos y aumenta la dependencia del suministro externo.

En cuanto a las reivindicaciones concretas, Ulloa propuso crear un registro especial para la flota pesquera de altura, con incentivos fiscales para las empresas armadoras y sus tripulaciones, diseñado tomando como referencia los instrumentos existentes para la marina mercante, con el objetivo de mejorar la competitividad de los buques que siguen operando y favorecer las inversiones necesarias para su renovación. La cita vinculó también la reducción de la flota con la pérdida de empleo y actividad en las comunidades costeras.

Javier Garat Pérez, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y presidente de Europêche, e Iván López van der Veen, vicepresidente de CEPESCA, cuestionaron la respuesta de la Comisión Europea a la «Visión 2040» y consideraron que las expectativas de cambio siguen en una fase carente de medidas concretas. Garat exigió revisar la obligación de desembarque, cuya aplicación, según dijo, sigue generando dificultades operativas a la flota, y reclamó modificar la definición de capacidad pesquera para que la regulación favorezca las inversiones en modernización de buques y reducción del consumo energético. En materia de totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas, los participantes abogaron por incorporar más criterios socioeconómicos al fijar las posibilidades de pesca, teniendo en cuenta su impacto en las empresas y el empleo, sin perder de vista la conservación de las poblaciones explotadas.

Garat señaló además una contradicción en la pesca europea: la recuperación de los recursos marinos coincide con la reducción de la flota y del empleo pesquero. Se preguntó cuándo se traducirá la mejora biológica en mayores posibilidades de pesca, mientras Europa incrementa entretanto su dependencia de los productos pesqueros de terceros países. Garat y López atribuyeron en parte la lentitud de las reformas a la diferencia entre la orientación política del comisario de Pesca, Costas Kadis, y el funcionamiento de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE).

El debate abordó también a las flotas que operan fuera de aguas europeas. Juan Martín Fragueiro, director gerente de OPROMAR, expresó su preocupación por las perspectivas de los acuerdos pesqueros con terceros países y por la situación de los buques que faenan en Mauritania, y consideró que estos acuerdos han perdido prioridad en la agenda de la UE pese a su importancia para mantener el acceso a los caladeros.

Marta Villaverde, consejera de Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia, defendió un instrumento específico para la pesca y la acuicultura en la negociación del marco financiero plurianual 2028-2034, con una dotación mínima de 7.290 millones de euros, en línea con la exigencia del Parlamento Europeo. Los representantes del sector advirtieron de que, si se pierde el fondo específico, la pesca tendrá que competir en los mecanismos de reparto nacional con actividades económicas de mayor tamaño. Garat señaló que este planteamiento supone un riesgo para las organizaciones de productores, que sostienen proyectos de comercialización, promoción e innovación; la preocupación se extiende también a los grupos de acción local pesquera (GALP), vinculados al emprendimiento y al empleo en las comunidades costeras. Villaverde reclamó además simplificar los trámites administrativos y garantizar la participación efectiva de las zonas pesqueras en la toma de decisiones europea.

Ante la incertidumbre sobre el reparto de fondos, López sugirió que las organizaciones de productores preparen proyectos conjuntos, incorporen socios tecnológicos y accedan a las vías europeas de financiación para la innovación y la descarbonización.

Fernando González Laxe, catedrático de la Universidad de A Coruña, cuestionó la rigidez de la política pesquera común ante los cambios económicos y geopolíticos, abogó por situar la pesca en el contexto de una competencia internacional cada vez más intensa por los recursos y reclamó una participación más firme de España y Galicia en las decisiones de la UE. Julio Morón, presidente de CEPESCA, hizo un llamamiento a las organizaciones pesqueras para reforzar la acción unificada y afianzar el diálogo con las instituciones europeas desde una postura común.

Las estadísticas de importación y exportación de la Administración General de Aduanas de China correspondientes a diciembre de 2025 muestran que las exportaciones españolas de abadejo de Alaska (según los códigos HS 03036700 abadejo de Alaska congelado, 03047500 filetes de abadejo de Alaska congelado y 03049400 carne de abadejo de Alaska congelado) ascendieron ese mes a 478,009 toneladas, por un valor de 1.383.043,0 dólares y un precio medio de exportación de 2.893,34 dólares por tonelada.