La FAO inicia en Vigo, España, la revisión técnica final de las directrices internacionales sobre responsabilidad social en pesca y acuicultura

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inició el martes 10 de noviembre en la sede de Conxemar en Vigo, España, la revisión técnica final de unas directrices internacionales centradas en la responsabilidad social en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura. La reunión de revisión, respaldada por la Xunta de Galicia, reúne a una veintena de expertos internacionales y se prolongará hasta el jueves 12 de noviembre. Las observaciones planteadas por los participantes se utilizarán para ajustar el borrador antes de su versión definitiva. Este proceso se puso en marcha en el marco de la FAO hace nueve años.

El documento establecerá recomendaciones dirigidas principalmente a las empresas, centradas en los derechos laborales, las condiciones de trabajo y la protección social de las personas que participan en la producción y comercialización de alimentos de origen acuático. Las directrices buscan facilitar la aplicación de las normas internacionales existentes mediante criterios operativos adaptados a las características de cada tipo de actividad pesquera, desde el trabajo a bordo hasta la transformación industrial en tierra.

Las directrices constan de una parte de principios generales y de secciones específicas para seis tipos de actividades: pesca industrial, pesca artesanal, acuicultura, transformación, distribución y venta minorista. Este tratamiento diferenciado responde a las distintas condiciones laborales y productivas de cada eslabón: el trabajo a bordo de los buques pesqueros no presenta las mismas características que el de una planta de transformación, y las granjas acuícolas requieren considerar formas de trabajo y riesgos propios de sus sistemas productivos. El documento introduce el principio de proporcionalidad para adaptar las recomendaciones al tamaño y la capacidad de los operadores, principio especialmente relevante para las pequeñas empresas y las organizaciones de pesca artesanal, cuyos recursos y estructura laboral difieren de los de las compañías industrializadas.

La FAO ha identificado diversos problemas sociales en la cadena de valor pesquera, como distintas formas de explotación laboral, trabajo forzoso, servidumbre por deudas y dificultades de acceso a la protección social, especialmente entre personas vulnerables y trabajadores migrantes. Las directrices pretenden facilitar la identificación y prevención de estos riesgos con el apoyo de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, empleo y seguridad laboral.

El origen del proyecto se remonta a 2017, cuando los Estados miembros de la FAO, en la reunión del Subcomité de Comercio Pesquero celebrada en Busan, República de Corea, solicitaron la elaboración de directrices que facilitaran la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y laborales en la cadena de valor pesquera. En 2018, el Comité de Pesca (COFI) de la FAO respaldó este mandato y recomendó avanzar en colaboración con las organizaciones de trabajadores de las empresas y las entidades pertinentes. En 2019 se celebraron cuatro consultas internacionales en Agadir, Bruselas, Roma y Shanghái. En el mismo periodo, la consulta pública sobre el documento preliminar recibió más de 700 comentarios y observaciones. En 2024 se llevaron a cabo revisiones específicas sobre pesca artesanal y acuicultura, y se abrió de nuevo un periodo de participación pública para examinar los capítulos correspondientes. En septiembre de 2025, la vigésima reunión del Subcomité de Comercio Pesquero volvió a debatir la iniciativa, y la FAO presentó el documento de trabajo COFI/XX/2025/10 y el borrador parcial COFI/XX/2025/Inf.14. En sus conclusiones, el organismo destacó la relación entre responsabilidad social, conducta empresarial responsable y diligencia debida en la cadena de suministro, temas cada vez más relevantes en las condiciones del comercio internacional.

Las directrices son de carácter voluntario y no vinculante. Sus recomendaciones servirán de referencia para empresas, administraciones públicas y organizaciones sectoriales, mientras que las obligaciones legales seguirán determinadas por la normativa de cada país y los convenios internacionales aplicables. Esta distinción es importante para las empresas que participan en el comercio exterior: los requisitos laborales establecidos por las autoridades nacionales, las condiciones contractuales acordadas con los compradores y las directrices de los organismos internacionales son instrumentos de distinta naturaleza. La diligencia debida empresarial consiste en identificar, prevenir y abordar los riesgos en materia de derechos humanos y laborales relacionados con las propias actividades y las relaciones comerciales; en la cadena de valor pesquera, este análisis puede abarcar las operaciones de pesca así como las etapas de transformación y suministro. En su reunión de septiembre de 2025, el Subcomité de Comercio Pesquero reconoció que estas prácticas cobran cada vez más importancia a medida que cambia la demanda de los mercados internacionales. Para las empresas pesqueras argentinas que operan flotas, plantas de transformación y canales de exportación, estas futuras directrices podrán servir de referencia para examinar sus procedimientos laborales y sus relaciones con proveedores y compradores extranjeros; su publicación en sí no introducirá nuevas condiciones obligatorias para la exportación, y su adopción en el ámbito comercial dependerá de los mecanismos de evaluación que apliquen las empresas y de los requisitos concretos de cada mercado.

En la apertura de la consulta, la responsable de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde, afirmó que la protección de los recursos marinos debe ir acompañada de condiciones laborales seguras, dignas y justas. Vinculó la sostenibilidad social con la viabilidad económica de las actividades pesqueras y acuícolas, especialmente en un contexto de dificultades para el relevo generacional. La directora general de Empleo y Relaciones Laborales de Galicia, Susana Pérez Iglesias, también intervino para subrayar la importancia de mejorar las condiciones de empleo dentro de las cadenas productivas internacionales.

En esta consulta participaron representantes de organismos pesqueros de Japón y de los Emiratos Árabes Unidos, de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y de la Universidad Nacional Chengchi de Taiwán, además de expertos del ámbito empresarial e institucional. Los participantes examinaron la claridad y aplicabilidad de las recomendaciones, prestando especial atención a las diferencias entre las actividades contempladas. Las observaciones se incorporarán a un informe técnico que servirá de base para el documento integrado. La reunión concluyó el jueves 12 de noviembre; la aprobación y publicación de la versión final deberán seguir los procedimientos de validación de la FAO. El texto completo permitirá conocer el alcance exacto de las recomendaciones dirigidas a armadores, empresas de transformación y operadores acuícolas, así como los criterios que podrán utilizar para evaluar sus prácticas laborales en las cadenas de suministro internacionales.