El Gobierno de Chile solicita la renuncia del director nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y el presupuesto 2027 prevé recortar los fondos para inspección ambiental
Este mes, el Gobierno de Chile solicitó formalmente la renuncia voluntaria de María Soledad Tapia, directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), quien dejará el cargo el 31 de octubre; al mismo tiempo, el presupuesto 2027 presentado por el Gobierno aumenta los fondos de Sernapesca y Subpesca, pero prevé recortar un 19,2% en términos reales el financiamiento del programa de inspección ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Este mes, el Gobierno de Chile solicitó formalmente la renuncia voluntaria de María Soledad Tapia, directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), quien dejará el cargo el 31 de octubre. El Gobierno no explicó públicamente los motivos concretos de su salida. Tapia trabajó más de 17 años en Sernapesca y, antes de ser nombrada titular del organismo en 2023, se desempeñó como directora regional de Valparaíso y Tarapacá, subdirectora de Pesca, jefa de Recursos Humanos y directora de la Escuela de Fiscalización y Inspección de la institución.
La gestión de Tapia al frente de Sernapesca coincidió en gran medida con el mandato de cuatro años de Gabriel Boric, iniciado en 2022. Durante su mandato, Boric cuestionó en varias ocasiones la sostenibilidad ambiental de la industria chilena del cultivo de salmón y señaló que consideraba aplicar una moratoria al sector y detener su expansión. En este contexto, Sernapesca, bajo la dirección de Tapia, priorizó la inspección, la vigilancia sanitaria, la gestión de emergencias ambientales y la coordinación con instituciones públicas. En 2025, el organismo informó la realización de 4962 acciones de inspección en 2473 centros de acuicultura en operación, con 258 infracciones determinadas; su programa especial de inspección de acuicultura en áreas silvestres protegidas realizó 926 acciones en 316 centros en operación y registró 133 infracciones ambientales.
En su momento, los críticos se quejaban de un exceso de control ambiental por parte del Gobierno y afirmaban que el cultivo de salmón es el sector más auditado de Chile. Los datos muestran que en 2020 solo hubo 6 inspecciones gubernamentales a operaciones de cultivo de salmón, cifra que aumentó a 1802 en 2023, y solo el 1,8% de los casos recibió sanciones.
Pablo Ortiz, exsubdirector de Pesca de Sernapesca, asumió como director nacional interino y lidera el organismo hasta que un proceso de selección pública determine a su sucesor definitivo. Ortiz señaló que Chile cuenta con un equipo técnico sólido y comprometido a nivel nacional, y que la institución se centrará en dar continuidad e impulsar las prioridades estratégicas del servicio, garantizando una gestión territorial cercana, rigurosa y transparente para los usuarios.
Este cambio de personal coincidió casi con la presentación de la propuesta presupuestaria 2027 del Gobierno. El presupuesto general del próximo año aumenta solo un 1%, pero los fondos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) aumentarían más del 36% si se aprueban, y Sernapesca también recibirá recursos adicionales. La asignación de Subpesca pasará de 378 mil millones de pesos en 2026 (38,4 millones de dólares, 34,2 millones de euros) a 529 mil millones de pesos en 2027 (53,8 millones de dólares, 47,8 millones de euros), con el mandato de simplificar procedimientos y mejorar la gestión de autorizaciones del sector. El aumento presupuestario de Sernapesca se destinará a equipos de inspección, y sus objetivos para 2027 incluyen ampliar la digitalización de procedimientos y reducir las brechas de cumplimiento en el ámbito de la acuicultura.
Mientras tanto, según el medio digital El Maipo, el programa de inspección ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) enfrenta un recorte del 19,2% en términos reales y la eliminación de 14 puestos de plantilla formal de la SMA y otros 2 puestos no formales. Otros programas ambientales también enfrentan recortes: la asignación del programa de desarrollo sostenible bajará de 81,1 mil millones de pesos (8,2 millones de dólares, 7,3 millones de euros) a 45,6 mil millones de pesos (4,6 millones de dólares, 4,1 millones de euros), y el Fondo de Protección Ambiental se reducirá un 29,4%.
La propuesta presupuestaria también incluye 514 millones de pesos (522 mil dólares, 465 mil euros) para consultas indígenas relacionadas con la reforma de la Ley Lafkenche. Esta ley regula los espacios marinos costeros de los pueblos originarios; Kast la ha criticado y afirma que se utiliza indebidamente para obstaculizar el desarrollo del cultivo de salmón, lo que coincide con las quejas que el sector acuícola ha expresado durante años.
En un contexto en el que el sector acuícola exige requisitos regulatorios predecibles, procedimientos eficientes y una aplicación coherente de la ley, el próximo director titular liderará el organismo. Cristián Arancibia, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Ferepa Biobío), también declaró al Diario Concepción que los representantes de la pesca artesanal piden mejorar el funcionamiento del organismo, buscan optimizar los procesos de inspección, reforzar el control de las operaciones de captura, fortalecer la infraestructura de trazabilidad y contar con registros más transparentes y fiables, y hacen un llamado a combatir con mayor firmeza la pesca ilegal, tratar de manera equitativa a todos los participantes y destacan la importancia del diálogo con las organizaciones locales y la comprensión de las condiciones regionales.