Tribunal Federal de Río Grande (Argentina) admite demanda ambiental colectiva de la Fundación Agustina Lerena; se reclaman hasta 26.464 millones de dólares a 12 empresas pesqueras gallegas, entre otras

La jueza Mariel E. Borruto, del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande (Argentina), en una resolución que calificó de sin precedentes, ejerció plenamente su competencia territorial y material en el expediente FCR 16446/2026. La causa se caratula "Fundación Agustina Lerena c/ Pesquera Moradiña SL y otros s/ amparo colectivo" (Fundación Agustina Lerena v. Pesquera Moradiña SL et al. on Collective Amparo).

La resolución confirmó la legitimación ambiental de la parte actora y ordenó medidas de investigación preliminares antes de resolver sobre una medida cautelar urgente que solicita detener la pesca ilegal en aguas de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La resolución coincide con los dictámenes jurídicos N.º 320/2026 y N.º 341/2026 emitidos por el fiscal federal Marcelo Rapoport, y reafirma la competencia soberana de la República Argentina sobre su zona económica exclusiva conforme a las Leyes N.º 24.922, N.º 23.968 y N.º 24.400.

Esta acción colectiva, encabezada por el Dr. César Augusto Lerena y patrocinada por el abogado constitucionalista Dr. Eduardo Salvador Barcesat, reclama hasta 26.464 millones de dólares a 12 empresas pesqueras gallegas, 7 empresas conjuntas con pabellón colonial, 4 bancos, 3 astilleros y aseguradoras.

Para evaluar la medida cautelar solicitada, el tribunal incorporó formalmente el informe científico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Argentina, así como los registros de seguimiento satelital del sistema Guardacostas de la Armada Argentina.

Esta información fue publicada por la agencia de noticias pesqueras FIS/Seafood Media Group el miércoles 4 de noviembre de 2026, con Argentina como país indicado.