La CGT argentina se opone a la apertura del cabotaje: el proyecto que permite buques de bandera extranjera llega al Senado

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina emitió el 3 de noviembre de 2026 un comunicado en el que rechaza de forma explícita el proyecto de reforma de la Ley de Cabotaje impulsado por el partido gobernante. El proyecto, redactado por la senadora Carolina Moisés y respaldado con la firma de Patricia Bullrich y de legisladores de distintos partidos, ya fue presentado al Senado para su consideración.

El Consejo Directivo Nacional de la CGT publicó un comunicado titulado "Por una Argentina libre y soberana, el cabotaje nacional no se entrega", en el que exige a los senadores que rechacen cualquier iniciativa que permita a buques de bandera extranjera realizar sin restricciones el transporte de cargas marítimo y fluvial. El sindicato considera que este debate excede el ámbito de la competitividad del transporte y afecta el futuro de la marina mercante, la soberanía comercial, la independencia económica y miles de puestos de trabajo argentinos.

El eje del proyecto es permitir que el cabotaje sea operado libremente por buques de bandera argentina o extranjera, al tiempo que establece que actividades como la pesca, el transporte de combustible y las operaciones de remolcadores sigan reservadas a buques de bandera nacional o a aquellos que reciban el mismo trato. La CGT cuestiona que la incorporación de buques extranjeros como prestadores del transporte interno pueda debilitar aún más la flota argentina, en lugar de resolver los problemas estructurales de costos y competitividad que enfrenta el sector.

En su comunicado, la CGT recuerda que la marina mercante ya se encuentra en una crisis profunda, agravada por las políticas de desregulación y el desguace de buques de la década de 1990. El sindicato advierte que la nueva liberalización podría acelerar la pérdida de capacidades estratégicas, afectando no solo a los trabajadores embarcados, sino también a la industria naval, los puertos, la cadena logística y las economías regionales. Uno de los argumentos centrales del comunicado señala la contradicción entre la capacidad exportadora del país y la pérdida de medios de transporte propios.

La CGT también menciona que el proyecto original impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya había enfrentado una fuerte resistencia del sector sindical y había provocado un conflicto imprevisto al intentar liberalizar el servicio de practicaje: la huelga de prácticos paralizó 600 buques en los puertos argentinos, lo que obligó al Gobierno a retirar entonces la reforma.

La CGT se opone a presentar la apertura del cabotaje como solución a un problema de competitividad y aboga por una política integral que incluya la reducción de las desventajas impositivas y de costos frente a otras banderas, la recuperación de la flota nacional y la creación de condiciones para ampliar la actividad. Para ello, el sindicato exige la creación de mecanismos de diálogo y consenso entre el Estado, el sector empresarial y las organizaciones sindicales, con el fin de promover la inversión, el empleo de calidad y una marina mercante competitiva.

En materia de soberanía, el comunicado subraya que "los ríos también son territorio nacional" y sostiene que la defensa de la marina mercante debe traducirse en decisiones concretas que protejan el trabajo argentino, la independencia económica y el desarrollo federal. La CGT llama directamente a los senadores a asumir su responsabilidad institucional y a rechazar la desregulación del cabotaje, y afirma que no se trata de un simple debate económico ni de una disputa sectorial, sino de una decisión que podría condicionar el desarrollo de la propia capacidad logística durante décadas.

En paralelo, el Sindicato de Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante (SICONARA) también emitió un comunicado en el que exige a los gobernadores, legisladores y otros representantes provinciales que se pronuncien sobre el tema y asuman su responsabilidad en la defensa de los intereses nacionales. El sindicato afirmó: "Defender el cabotaje nacional es defender nuestros ríos, nuestra marina mercante y el derecho a preservar los puestos de trabajo de miles de familias de la cuenca costera".

Actualmente, el Gobierno busca el apoyo de los gobernadores de las provincias del norte para obtener los votos necesarios en el Senado. El comunicado de la CGT lleva esta controversia al ámbito parlamentario y exige de manera explícita a los senadores que impidan la apertura del cabotaje a los buques extranjeros.