Tras el incendio de una cámara frigorífica en California, la legislación se refuerza: AB 817 establece un requisito de fondo de emergencia y SB 716 elimina el límite de multa diaria de 2000 dólares

El Parlamento del Estado de California (EE. UU.) ha aprobado dos proyectos de ley que imponen multas y requisitos financieros más estrictos a las empresas operadoras de almacenamiento en frío. El contexto directo de ambas legislaciones es el incendio ocurrido en una instalación de almacenamiento en frío propiedad de Lineage en Los Ángeles.

Según informó SeafoodSource el 24 de septiembre de 2026, la instalación afectada es la cámara frigorífica "Big Bear", de 491,000 pies cuadrados, que se incendió el 17 de junio y ardió durante varios días. Los bomberos finalmente sofocaron el fuego, pero tras el siniestro quedaron en el lugar millones de libras de carne y productos del mar en descomposición, lo que generó un olor extremadamente fuerte y miles de quejas por olores presentadas por los residentes de las comunidades cercanas. Funcionarios locales y medios de comunicación también informaron que, en las semanas posteriores al incendio, la cantidad de moscas y otras plagas en la zona aumentó considerablemente, atraídas por los alimentos en descomposición. Lineage informó que la limpieza de los alimentos concluyó el 29 de agosto.

Ante el impacto del incendio y el proceso de respuesta, los legisladores de California impulsaron dos iniciativas legislativas. La primera, AB 817, exige que las empresas establezcan un fondo estatal de emergencia antes de obtener la licencia para instalaciones industriales de almacenamiento de alimentos. La segunda, SB 716, eliminará el límite máximo actual de multa de 2,000 dólares (1,759 euros) diarios por infracción de ordenanzas municipales o de condado. La nueva ley se aplicará a edificios no residenciales con una superficie superior a 20,000 pies cuadrados y establece: multa de 1,000 dólares (880 euros) por la primera infracción, multa de 2,000 dólares por la segunda infracción y multa de 5,000 dólares (4,398 euros) por cada infracción posterior; en caso de declaración de estado de desastre a nivel estatal o federal, la multa se eleva a 50,000 dólares (43,984 euros).

AB 817 y SB 716 fueron aprobados el 31 de agosto en el Senado y la Asamblea de California.

La Global Cold Chain Alliance (GCCA), organización sectorial que representa a los operadores de almacenamiento en frío, se opone a ambas legislaciones. En un comunicado de prensa, la organización señaló: "La industria de la cadena de frío está comprometida a colaborar con el poder legislativo, los líderes comunitarios y la Oficina del Gobernador para proponer políticas y recomendaciones adecuadas sobre la base del conocimiento y el análisis suficientes de las causas de este incidente y de las medidas de respuesta. Actualmente, estos dos proyectos de ley son demasiado apresurados y no benefician ni a las comunidades ni a las empresas de larga trayectoria que durante décadas han sido miembros y líderes de sus comunidades". La GCCA está haciendo un llamado a sus miembros para que se comuniquen con el gobernador de California, Gavin Newsom, y le insten a vetar ambos proyectos de ley. La organización afirmó en su declaración: "Nuestra industria proporciona alimentos a las familias y garantiza el acceso a medicamentos. California no debería hacer esta misión más difícil ni más costosa. Lo ocurrido en la instalación de Boyle Heights fue una catástrofe. Aquí hay lecciones extremadamente valiosas y oportunidades para mejorar en el futuro los procesos de preparación y respuesta ante emergencias en los lugares industriales". La GCCA sostiene que estos dos proyectos de ley solo obstaculizarán la construcción y modernización de las instalaciones de almacenamiento en frío, lo que elevará los costos del almacenamiento en frío y, en última instancia, hará subir los precios de los alimentos.