El Consejo Constitucional de Senegal declara inadmisible la propuesta de enmienda n.º 37/26 al Código del Petróleo

El Consejo Constitucional de Senegal emitió una decisión en la que declara inadmisible la propuesta de ley n.º 37/26 de la Asamblea Nacional sobre la modificación del Código del Petróleo. La decisión fue divulgada el 7 de octubre de 2026 en un artículo de opinión firmado publicado por el diario oficial senegalés Le Soleil, cuyo autor es Saliou THIAM.

Según el artículo, el Consejo Constitucional intervino a raíz de una solicitud de conflicto de competencias presentada por el Primer Ministro. El Consejo Constitucional consideró que esta propuesta de ley de la Asamblea Nacional, que exige un debate obligatorio en sesión plenaria antes de que el Presidente apruebe por decreto los contratos de producción compartida de petróleo, añade en la práctica una condición procedimental al ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

El artículo sitúa esta decisión por encima de la cuestión técnica de la delimitación de competencias entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, la califica como un acontecimiento importante en el proceso de consolidación del Estado de derecho en Senegal y considera que la decisión pone de relieve una característica fundamental de la gobernanza de Bassirou Diomaye Faye, a saber, la integración de la acción pública en el estricto respeto del marco constitucional.

El artículo señala que detrás del debate sobre el Código del Petróleo subyace una cuestión institucional fundamental: en la República, quién es responsable de qué. El artículo afirma que la voluntad de lograr una mayor participación de los representantes nacionales en las decisiones relacionadas con los recursos petroleros es naturalmente comprensible, ya que el petróleo y el gas se han convertido hoy en un tema económico, estratégico y de soberanía de gran importancia para Senegal; sin embargo, por muy legítimo que sea este objetivo, no puede llevar a que la delimitación constitucional de competencias se vuelva difusa, y la decisión del Consejo Constitucional es precisamente una reafirmación de ello.

El artículo menciona además que el examen en este caso demuestra que la nueva gobernanza no puede definirse únicamente por las intenciones políticas declaradas, sino que debe reflejarse en el estricto cumplimiento de los procedimientos y competencias establecidos en la Constitución.

En el plano político, el artículo destaca que lo singular de esta ronda de controversia radica en que el conflicto de competencias fue presentado al Consejo Constitucional por el Primer Ministro. El artículo señala que el poder ejecutivo podría haber considerado que una iniciativa parlamentaria destinada a reforzar el control sobre los contratos petroleros era políticamente oportuna, pero en cambio optó por dejar que el órgano con jurisdicción constitucional dirimiera la cuestión, y esta elección tiene significado. El artículo considera que esto refleja una concepción: la mayoría política no basta para establecer la legitimidad de una decisión; incluso un objetivo que parezca políticamente deseable debe enmarcarse dentro del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las instituciones. El artículo afirma que esta es una de las diferencias fundamentales entre un Estado de derecho y aquellos sistemas en los que la correlación de fuerzas políticas termina sustituyendo a las reglas.

El artículo concluye señalando que esta jurisprudencia recuerda los límites de cada poder.