Se celebra en Chubut el Congreso Nacional de Acuicultura de Argentina: producción de 15.540 toneladas en 2025, con la trucha arcoíris representando el 87,4%

El 6 de noviembre se celebró en el auditorio Lobo Orensanz del CONICET-CENPAT el Congreso Nacional de Acuicultura de Argentina, organizado conjuntamente por el Gobierno de la Provincia del Chubut, el Observatorio del Sistema Pesquero Argentino (OSPA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), con la participación de investigadores, representantes empresariales y funcionarios gubernamentales.

En la apertura, Mariela Marani, responsable del centro de investigación, señaló la necesidad de contar con datos ambientales para determinar dónde y bajo qué condiciones cultivar. Las expectativas del sector productivo y de los gobiernos locales también se concentraron en el encuentro: Agustín de la Fuente, presidente de la CAPIP, planteó la necesidad de un marco regulatorio que acompañe el crecimiento de la industria; Guillermo Defossé, secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chubut, destacó la cooperación interinstitucional y los beneficios para la comunidad; Mirko Schiavi, de la Secretaría de Producción provincial, vinculó la acuicultura con la diversificación de la economía regional y el empleo; y Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, mencionó las capacidades científicas y empresariales locales.

Los proyectos presentados en el congreso se encuentran en distintas etapas, incluidos avances en el cultivo de pez limón, mejillón y alga wakame, así como investigaciones sobre probióticos, microalgas y biotecnología; el panel de producción aportó experiencias de cultivo de trucha arcoíris y otros emprendimientos. Los materiales del congreso señalaron que, entre los ensayos de laboratorio y la entrada estable del producto al mercado, median aprobaciones, inversión, infraestructura y personal capacitado. En la mesa redonda sobre políticas públicas, representantes de Chubut, Neuquén, Río Negro y del INIDEP intercambiaron experiencias de gestión, y el congreso concluyó que las políticas a nivel federal deben priorizar por región y por cadena de valor.

El contexto global es lo que da peso a este debate. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2024 la producción acuícola de animales acuáticos alcanzó los 103 millones de toneladas, el 53% de su producción total, superando a la pesca de captura; incluyendo las algas, la producción acuícola fue de 141 millones de toneladas. Los materiales del congreso también señalaron que el crecimiento de los alimentos acuáticos depende cada vez más de la capacidad de cultivo, mientras que las capturas se mantienen relativamente estables.

El informe oficial de producción de Argentina de 2025 ofrece la evaluación más reciente: producción de aproximadamente 15.540 toneladas, un 27,6% más que el año anterior. Esta expansión va acompañada de una alta concentración: la trucha arcoíris representa el 87,4% de la producción y el pacú el 10,3%; la acuicultura marina solo representa el 1,52%, con 204,2 toneladas de mejillón y 32,1 toneladas de ostra. Los materiales del congreso consideran que el crecimiento de la trucha arcoíris en la Patagonia demuestra que Argentina tiene capacidad para desarrollar una cadena de valor acuícola, mientras que el cultivo marino requiere capacidades específicas: cada especie necesita semillas o larvas adecuadas, tecnología, condiciones sanitarias y compradores, y la idoneidad de los sitios costeros debe evaluarse individualmente para cada organismo cultivado.

En cuanto a las rutas tecnológicas, el congreso tomó como ejemplo la experiencia de países como Chile, señalando que pueden aportar tecnología, proveedores y experiencia, y que la expansión requiere capacidades públicas complementarias para gestionar los riesgos sanitarios y ambientales; incorporar este conocimiento permite evitar errores, siempre que se evalúe su aplicabilidad a las condiciones ambientales y económicas nacionales. El congreso planteó que Argentina debe priorizar por región y por cadena de valor: el mejillón puede aprovechar los vínculos con el transporte marítimo y el procesamiento de pescado, pero su desarrollo requiere semillas, zonas sanitariamente controladas y logística de cosecha; el pacú tiene una ubicación regional diferente; los peces marinos de alto valor necesitan validar costos y suministro antes de planificar una producción a gran escala; las algas presentan posibilidades en alimentación y biotecnología, y su viabilidad también depende de la demanda concreta. Los sistemas de recirculación en tierra permiten controlar las variables de cultivo y reducir ciertas interacciones con el ambiente, pero requieren inversión, energía y operación especializada; la elección tecnológica debe surgir de la comparación de costos, riesgos y resultados de cada proyecto, y ninguna tecnología por sí sola garantiza rentabilidad.

La transferencia de la investigación al productor se ilustró en el congreso con el caso del pez limón. El Programa de Maricultura del INIDEP desarrolló capacidades de reproducción, cría de larvas y engorde, impulsó acuerdos de transferencia al sector privado y en abril de 2026 publicó nuevos resultados de producción de larvas, conformando una plataforma científica sobre la cual construir etapas productivas de mayor escala. El congreso señaló asimismo que este avance requiere continuidad: una vez lograda la reproducción de la especie, sostener una empresa exige obtener lotes regulares de semillas, controlar la mortalidad, garantizar alimento y energía, conocer el costo por kilogramo y vender con calidad predecible; la planta piloto y los acuerdos de transferencia deben ayudar a recorrer esa distancia. La política científica tiene aquí una función productiva concreta: mantener equipos, instalaciones y planes de trabajo permite acumular conocimiento y reducir la incertidumbre de los inversores, y también requiere formar técnicos y operarios, acompañar el arranque de los proyectos y registrar resultados para corregir y mejorar los sistemas.

En el plano institucional y de financiamiento, Argentina ya cuenta con precedentes normativos, incluida la Ley 27.231 y el Registro Nacional de Establecimientos de Acuicultura. El congreso consideró que el debate debe centrarse en qué herramientas están en funcionamiento, con qué recursos cuentan y cómo se coordinan; un proyecto puede tener condiciones biológicas favorables y, sin embargo, estancarse por procedimientos desarticulados. Se planteó la necesidad de coordinación a nivel federal para ordenar requisitos, responsabilidades y plazos, respetando las competencias de cada autoridad, de modo que el productor sepa desde el inicio qué permisos necesita y qué información debe presentar; esta previsibilidad debe abarcar el acceso a los sitios, la evaluación ambiental y los requisitos sanitarios. Los esquemas de financiamiento también deben reconocer los ciclos temporales del cultivo: un préstamo que exige amortizar el capital antes de la primera cosecha puede volver inviable un proyecto técnicamente factible; se necesitan períodos de gracia adecuados, garantías y apoyo a la etapa de validación, con hitos verificables y responsabilidad de los inversores, y los fondos públicos deben priorizar servicios e infraestructura que beneficien a múltiples productores. Los laboratorios, la información ambiental, la cadena de frío y las instalaciones de procesamiento pueden reducir las barreras de entrada cuando la demanda es suficiente y la gestión es adecuada; formar proveedores nacionales también puede ampliar el efecto económico del cultivo al generar demanda de alimento, equipos, mantenimiento y servicios especializados.

El congreso situó la sostenibilidad en las decisiones iniciales: antes de ampliar la producción, es necesario saber cuánto cultivo puede soportar un ambiente, cómo circula el agua y qué otros usos existen; en los golfos patagónicos deben incorporarse a la planificación la pesca artesanal, la navegación, el turismo y la conservación. La dimensión social también debe integrarse en la planificación: el diálogo con las comunidades y con otros sectores que comparten el espacio ayuda a identificar preocupaciones, prevenir conflictos y crear condiciones favorables para los nuevos proyectos; explicar con claridad las características del proyecto, sus posibles impactos y sus beneficios económicos y sociales puede fortalecer la confianza y favorecer su integración con las actividades existentes.

En el marco del congreso, las estadísticas de importación y exportación de agosto de 2026 de la Administración General de Aduanas de China muestran que ese mes se importaron desde Argentina 340,606 toneladas de camarón de agua cálida (camarones peneidos, según la clasificación arancelaria HS 0306.17), por un valor de importación de 2.743.972,0 dólares y un precio medio de 8.056,15 dólares por tonelada.